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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está llevando a cabo negociaciones abiertas y transparentes con los agentes sociales para reformar la jubilación parcial. Los sindicatos observan un estancamiento en la mesa de diálogo social, que también aborda la liquidación de contratos fijos discontinuos, el acceso a la jubilación anticipada por trabajos penosos o tóxicos, y las condiciones para jubilarse antes de la edad legal.
La jubilación parcial anticipada, que permite una transición gradual al mercado laboral y la compatibilidad del salario con un porcentaje de la pensión, es uno de los puntos conflictivos. El Gobierno propone un requisito controvertido: aumentar el periodo de cotización de 33 a 34 años para acceder a esta modalidad anticipada, lo que no cuenta con el apoyo sindical.
Los sindicatos argumentan que esta medida penaliza a los trabajadores, especialmente a las mujeres, quienes suelen tener bases regulatorias más bajas o se integran al mercado laboral más tarde. También se está considerada la jubilación anticipada por motivos profesionales para aquellos trabajadores en puestos espacialmente duros, peligrosos o tóxicos, sin posibilidad de translojo. La definición de los coeficientes reductores para estos casos aún está en discusión, y se debate si conductores profesionales o camareras de piso (conocidas como ‘kellys’) podrán beneficiarse de esta reforma.
Existe un consenso general para facilitar el acceso a la jubilación de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, que tienen actividad periódica o intermitente en sectores como la hostelería o el turismo. El Gobierno se ha comprometido a restablecer un coeficiente de 1,5 para estos trabajadores, lo que significa que cada día trabajado se computará como uno y medio.
Carlos Bravo, representante de CCOO, expresó que hay señales de preocupación y anticipación en la negociación. «En este momento, tanto los elementos de avance como las preocupaciones nos hacen dudar si esta pregunta (referida a un acuerdo antes del 31 de julio) puede resolverse, pero seguiremos trabajando en ello en los próximos días para ver si es posible alcanzar un entendimiento », afirmó Bravo, secretario de Política Social de CCOO.
El Departamento de Pensiones ha facilitado información verbal y escrita a los interesados. En el último encuentro, presentidad algunos textos y se comprometió a enviar un borrador completo a los agentes sociales. «Revisaremos punto por punto (…) y nos han convocado para una nueva reunión el póximo lunes 29 de julio», confirmó Cristina Estévez, secretaría de Política Institucional de UGT.
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