En México, las cárceles están llenas de personas potencialmente inocentes. De cada cinco personas privadas de libertad, dos no han sido sentenciadas, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario. Esto representa 88.000 personas que eventualmente podrían ser liberadas, pero que no conocerán su sentencia hasta dentro de 10 meses, el tiempo promedio que dura la espera.
La situación es tan grave que, en 11 de 32 estados mexicanos, la probabilidad de estar preso sin sentencia es mayor que la de estar preso con ella. En Tlaxcala el 70% de la población carcelaria no tiene sentencia y en Quintana Roo el 65%.
El principal culpable de esta tendencia es la reforma constitucional que en 2019 amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva extraoficial. Con el apoyo de diputados de Morena, y de un sector importante del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, esta reforma aumentó el número de delitos que ameritan privación de libertad sin necesidad de analizar y justificar las razones para ello. En el Senado, solo MC votó completamente en contra.
La reforma supuso un gran retroceso en materia de derechos humanos, ya que incluía delitos de alta incidencia como el robo con allanamiento de morada y el transporte de carga, así como un amplio grupo de conductas delictivas que van desde el abuso o violencia sexual contra menores y el femicidio, hasta el huachicol, el enriquecimiento ilícito e incluso la utilización de programas sociales con fines electorales, por citar algunas.
Desde entonces ha aumentado el número de personas privadas de libertad sin sentencia. De 2019 a 2023, el número de personas privadas de libertad sin sentencia ha crecido un 27%. Esto significa que, desde que se aprobó la reforma, 13 personas han sido encarceladas cada día sin ser sentenciadas.
Como ha documentado Intersecta, una organización de la sociedad civil que ha estudiado el tema, gran parte del aumento puede explicarse por la prisión preventiva informal. Antes de 2019 lo común era que solo el 30% de los delitos atribuidos a personas en prisión preventiva eran extraoficiales, para 2021 el dato ya era del 42%. Y según el último Censo, el 50% de las personas privadas de libertad sin sentencia son casos de prisión informal.
Personas presas en este sexenio
Sin embargo, no todo el encarcelamiento masivo de personas es atribuible a la reforma. La acción discrecional de los jueces a nivel local también parece importante. De hecho, a pesar de que la ley se aplica a todo el país, existe una amplia diversidad en sus efectos. Se ha cuadruplicado el número de presos sin sentencia en Coahuila. En Tlaxcala y Yucatán casi se ha triplicado, y en Nuevo León y Quintana Roo se ha duplicado. En cambio, en otros estados ha disminuido, como Campeche, Colima, Durango, Zacatecas, Baja California Sur, Tabasco, Chihuahua y Tamaulipas.
Los tiempos políticos por ahora no parecen favorecer una contrarreforma constitucional. Todos los partidos están enfocados en unas elecciones que serán dentro de un año y han dejado de gobernar. Sin embargo, no cabe duda de que el próximo gobierno federal debería considerar reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. México está abusando de la prisión preventiva porque su sistema de justicia está quebrado. Las personas son privadas de su libertad como una forma de castigo instantáneo ante la imposibilidad de juzgar a las personas de manera expedita y efectiva.
Evolución del número de personas privadas de libertad (jurisdicción común por estados y jurisdicción federal).
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