En la calle José María Pino Suárez, a unos 50 metros de la residencia de Andrés Manuel López Obrador, se reúne todos los días el mayor contrapeso al inquilino de Palacio Nacional. Con una oposición borrosa y una mayoría en ambas cámaras legislativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en el gran filtro de las políticas del presidente. Decenas de carteles de los seguidores del presidente estos días a las puertas del edificio recuerdan el descontento que trae Morena con los últimos pasos que han dado los ministros: «Traidores a la Patria», «Ratas». El último en ser señalado fue Javier Laynez Potisek, el ministro que admitió la demanda interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y suspendió temporalmente su aplicación.
Lo que podría considerarse como un acto más de su labor diaria ha puesto a Laynez (Torreón, 63 años) en el centro de los dardos de los seguidores de la Cuarta Transformación y los aplausos de quienes se oponían a la reforma electoral presidencial. De dicción sosegada y formación técnica, el ministro que paralizó el proyecto del presidente es un hombre sin presencia en redes sociales y pocas declaraciones públicas en su dilatada carrera. Un ministro que evita la polémica y las cámaras. Cuando el presidente lo arremetió esta semana en su conferencia matutina, optó por el silencio. Ni una sola palabra, ni una sola entrevista.
Laynez es uno de los cinco hijos que tuvieron sus padres. Creció en Torreón hasta terminar la secundaria y luego se mudó a Monterrey para estudiar derecho en la Universidad Regiomontana. A los 25 años se fue a vivir a París, donde estudió dos másteres, en derecho público y administración tributaria, y un doctorado, también en derecho público, con una beca del Gobierno francés. Contó en una vieja entrevista que durante esos años en Francia trabajó para ganar unos ahorros como botones en un hotel mientras estudiaba en la academia.
El ministro, caracterizado por su bajo perfil, ha trabajado durante casi tres décadas en la administración pública en gobiernos de distintos colores políticos. Sus inicios se remontan al equipo de Ernesto Zedillo, primero en la Secretaría de Programación y Presupuesto y luego en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Cuando el PRI eligió a Luis Donaldo Colosio como su candidato presidencial, Zedillo dejó la SEP para convertirse en su director de campaña. Luego del asesinato del candidato presidencial en 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari eligió a Zedillo como su sucesor, y Zedillo ganó las elecciones y asumió la presidencia en diciembre de ese año.
Con la confianza de Zedillo ganada, Laynez pasó entonces a formar parte del equipo de la Asesoría Jurídica de la Presidencia. Allí trabajó durante más de una década. En 2000, el Partido Acción Nacional ganó las elecciones presidenciales y Vicente Fox lo invitó a quedarse en el Ministerio. Ese abogado que había trabajado en el antiguo régimen nunca se había afiliado al PRI. Mientras formó parte de este órgano del Poder Ejecutivo, pasaron por su escritorio algunas de las leyes que dieron forma al México actual, como la Ley de Transparencia o la reforma judicial. En el equipo que redactó esta última iniciativa se reunió con el exministro del Tribunal Supremo José Ramón Cossío.
En la recta final del sexenio de Fox (2000-2006), Laynez fue nombrado subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la entonces Procuraduría General de la República. En esos años litigó ante la Corte la extradición en 2005 del entonces líder del Cártel de Tijuana, Francisco Rafael Arellano Félix, y la extradición a España de seis etarras que habían sido acusados de financiación del terrorismo.
Cuando llegó el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el jurista pasó un breve período en el Departamento Jurídico y luego, por invitación del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se convirtió en abogado fiscal. En ese cargo estuvo a las órdenes de cuatro secretarios, incluido Luis Videgaray, ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El ministro pasó todos esos años en la administración pública recorriendo los pasillos de la Corte Suprema, como litigante del Estado, y del Congreso, para negociar las reformas. En ese momento, los gobiernos no tenían mayorías abrumadoras en las cámaras legislativas, por lo que se vieron obligados a negociar. En 2015, cuando Peña Nieto tuvo que elegir un candidato para un puesto en el máximo tribunal judicial del país, buscó a alguien que se llevara bien con todas las fuerzas políticas. Su preselección anterior, Eduardo Medina Mora, había generado una gran oposición por parte de la oposición y había tenido un gran costo político. La apuesta de Peña Nieto fue finalmente Laynez, que fue ratificada por el Senado con el apoyo de varias bancadas. Mientras que los otros dos candidatos que participaron en la terna consiguieron, entre los dos, unos siete votos.
El ministro llegó a la Corte en 2015 en sustitución de Juan Silva Meza, juez de corte progresista. Las críticas contra Laynez lo calificaron en ese momento de conservador, por alejarse de las posiciones de su antecesor. Raúl Mejía, investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, asegura que es un abogado de «perfil técnico y administrativo» con «criterio propio», que ha llegado a la Corte tras haber cumplido «adecuadamente» todas las funciones que le han tocado a lo largo de varias administraciones. Su trabajo, añade, suele ser muy técnico. Mejía interpreta que la admisión de la demanda del INE, que lo llevó al ojo del huracán, no es más que una acción cautelar porque impide que se desmonte la estructura del organismo electoral hasta que el máximo tribunal decida si la reforma que reduce la La facultad del instituto es constitucional.
Los partidarios del presidente se volvieron contra Laynez el domingo pasado cuando el gobierno emitió un comunicado acusándolo expresamente de haber «arrancado hojas de la Constitución». El ministro forma parte de la segunda sala de la Corte, a cargo de revisar temas administrativos y laborales, decretos presidenciales, expropiaciones. En ese salón, Laynez se consagró, junto a Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, como un obstáculo a las iniciativas de López Obrador, quien logró frenar, entre otras cosas, la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos, la reforma eléctrica y ahora el Plan B electoral.
Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), defiende que “no es culpa del ministro” si los proyectos presidenciales rayan en la inconstitucionalidad. Garza Onofre destaca la claridad que suelen tener las sentencias de Laynez, pues “no confunde los argumentos políticos con los jurídicos”. El letrado describe al ministro como alguien que «tiene claro el papel que debe jugar el Estado» y que conoce «la letra pequeña de la Constitución».
En su paso por la Corte, que está previsto que finalice en 2030, mostró un lado más liberal en materia de derechos humanos, con apoyo a la despenalización del aborto y el uso recreativo de la marihuana, y con un tinte más conservador en temas fiscales. y de responsabilidad del Estado. La sentencia clave en la carrera de Laynez, señalan algunos expertos, es la sentencia tarifa cero, que ordenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones regular las tarifas de interconexión entre empresas telefónicas sin afectar a los usuarios. Esa decisión, que afectó a las empresas extranjeras, se produjo en medio de las negociaciones del tratado de libre comercio durante el sexenio de Peña Nieto, lo que incrementó las tensiones entre los países.
Laynez es por estos días el último árbitro de las estrategias de López Obrador dentro del Poder Judicial, donde el presidente ha perdido sus mayores batallas. Hace dos semanas, cuando Pérez Dayán detuvo la entrada en vigor del primer paquete de leyes de reforma electoral, el foco de la tensión se concentró en él. En la casa que dirige la ministra Norma Piña, blanco habitual de las críticas del presidente, se anunciaba estos días un cartel que decía que el «Frente Internacional Obradorista» marchará en abril para exigir la salida de «la mafia judicial».
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