El número de sanciones contra los trabajadores públicos ha experimentado una serie de altibajos durante el actual gobierno mexicano. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) —para el año completo de 2021— arrojan el mayor número de sanciones contra funcionarios desde 2018: 3.694 frente a las 1.756 del año de inicio del sexenio , 110% más; y 91,5% respecto a 2020 (que cerró con 1.929). El 44% de las sentencias dictadas en 2021 resultaron en inhabilitaciones temporales para empleados de la Administración Federal de México.
El número de denuncias también ha aumentado respecto a 2020, pasando de 22.891 a 27.934 en 2021 (un incremento del 22%). Sin embargo, la cifra es relativamente positiva en este caso, en comparación con las sanciones. Las demandas están por debajo de las 33.668 denuncias que recibieron los trabajadores públicos en 2019, la cifra más alta de los últimos años.
No han sido las únicas cifras negativas recogidas por el Inegi durante el ejercicio 2021. La reducción de sanciones administrativas a funcionarios —durante el ejercicio de sus funciones— que se venía registrando desde el año anterior al sexenio volvió a aumentar en 2021, con la cifra nuevamente más alta desde 2017: 3.028 sanciones, un 5% más que los 3.197 en 2017. De ellos, 88 fueron graves —cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, uso indebido de información, etc.—.
El régimen administrativo federal de México contaba en 2021 con un total de 1 millón 569 mil 047 trabajadores públicos -278 de ellos titulares-. El número de funcionarios aumentó un 6,26% respecto al inicio del sexenio, cuando la cifra era de 1.476.478. En los últimos datos, el Inegi señala el menor número de instituciones en los últimos años: 301. El número de dependencias ha ido disminuyendo año tras año desde las 323 que se mantenían en 2017: 316 (en 2018), 321 (2019) y 310 (2020).
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado de ondear la bandera de la austeridad y la lucha contra la corrupción desde el inicio del sexenio, manteniendo un fuerte rechazo al «conservadurismo corrupto» con el que define a las Administraciones anteriores. En esa política austera, el presidente inició una cruzada contra algunas de las diversas instituciones independientes. La última de las discusiones ha girado en torno al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al que calificó de «gasto innecesario». Él no era el único. Semanas antes, el mandatario también apuntó al Instituto Nacional Electoral (INE), donde lanzó una serie de modificaciones para tocar la estructura y funciones del organismo electoral. El llamado “plan B” fue detenido por la Corte Suprema a solo dos días de haber sido aprobado en el Congreso.
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