(CNN Español) –– Vidulfo Rosales, abogado de varios familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dijo este miércoles a CNN que la Fiscalía General de la República de México (FGR) logró reactivar 16 órdenes de aprehensión contra militares presuntamente involucrados en ese caso.
“Tenemos conocimiento de ellos, no tenemos los detalles de cómo se reactivaron estas órdenes de aprehensión, si se prorroga el ejercicio de la acción penal o se aportaron pruebas adicionales, no tenemos esos detalles. Pero sí sabíamos que estaban trabajando en la reactivación de estas órdenes de aprehensión”, dijo Rosales en entrevista telefónica.
Sin ofrecer más detalles, Vidales dijo que la FGR notificó a la defensa, ya los familiares de las víctimas, sobre estas 16 órdenes de aprehensión.
De acuerdo con la defensa legal de los familiares de los jóvenes desaparecidos hace casi nueve años en Iguala, Guerrero, la FGR solicitó y obtuvo este martes de un juez del Estado de México la reactivación de 16 órdenes de aprehensión contra militares por los delitos de desaparición forzada, tortura y crimen organizado, de los cuales ocho ya han sido ejecutados. Pero los nombres de los involucrados no fueron revelados.
“Esto es lo que sabemos ahora, que ya se han ejecutado ocho (órdenes) y el resto no”, agregó Rosales.
CNN solicitó más información sobre este asunto a la FGR, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al Consejo de la Judicatura Federal.
Según Rosales, a los 16 militares requeridos se suman otros cuatro que se encuentran detenidos, todos señalados en el caso Ayotzinapa.
En septiembre de 2022, el gobierno mexicano informó que se habían emitido órdenes de captura contra cuatro miembros del Ejército.
Venga “rectificación” del gobierno
La FGR había solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión que la unidad gubernamental que investiga el caso Ayotzinapa solicitó a mediados de agosto de 2022.
Rosales consideró que con la reactivación de estas 16 órdenes de aprehensión el Gobierno “rectifica nuevamente” tras la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión mencionadas.
“Es un paso importante que está dando el gobierno federal. No tenemos nada en contra del Ejército Mexicano, no queremos debilitar a esta institución (…) Y cualquier institución que esté involucrada en la desaparición de los 43 jóvenes tendrá que ir a juicio, tendrá que ser juzgada y determinada. responsabilidades”, dijo.
El gobierno mexicano ha dicho que la desaparición de los jóvenes fue “un crimen de Estado”, en el que participaron miembros del grupo criminal Guerreros Unidos “y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha señalado que autoridades municipales, estatales y federales “estuvieron al tanto de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos de Iguala hasta su desaparición.
Según las autoridades, los estudiantes desaparecidos se preparaban para una manifestación entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por delincuentes asociados al narcotráfico. Por este caso, que conmocionó a México, se encuentran detenidas decenas de personas -entre policías y otros funcionarios-.