Un tribunal unitario ha confirmado la absolución de José Luis Abarca por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace casi nueve años, en Iguala, en el Estado de Guerrero. El juzgado confirma la decisión del juez de primera instancia, Samuel Ventura, que en septiembre absolvió a Abarca de este delito. Condenado a 92 años de prisión por el secuestro de seis activistas de la región, el alcalde de Iguala, al momento del ataque a los estudiantes, permanecerá en prisión.
La decisión es un duro golpe para la Fiscalía General de la República (FGR), en particular para la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UELICA), que encabeza Rosendo Gómez Piedra. La Fiscalía aún tiene pendiente el recurso de amparo, que sería visto por un tribunal colegiado. Ante la decisión de las dos primeras instancias, tomada a pesar de las críticas de la Fiscalía y el gobierno federal, parece difícil que el árbitro enmiende a sus colegas.
En septiembre, tanto la FGR como el subsecretario de Derechos Humanos y titular de la comisión presidencial que investiga el caso, Alejandro Encinas, fueron muy críticos con la decisión del juez Ventura. De hecho, las Secretarías de Gobernación y Protección y Seguridad Ciudadana informaron que interpusieron una denuncia contra el juez por delitos contra la administración de justicia. En esta ocasión, ni Encinas ni la FGR se han pronunciado.
La decisión del tribunal ilustra las dificultades para hacer justicia en el caso Ayotzinapa, una investigación dividida en partes, distribuidas en varios juzgados del país. Durante estos años, los jueces han anulado procesos contra decenas de detenidos, en algunos casos debido a las torturas que habían sufrido durante su detención. Otros, porque según los jueces, la FGR, antes Fiscalía General de la República, no había podido fundamentar los delitos imputados.
Es lo que pasó hace unos días, por ejemplo, con Sidronio Casarrubias y con el propio Abarca. Desde el ataque contra los normalistas, en septiembre de 2014, Casarrubias ha sido señalado como uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, organización criminal que habría catalizado el ataque, apoyada por la policía de Iguala y otras localidades aledañas, dada la omisión consciente o desconociendo otras corporaciones de seguridad. Acusado de crimen organizado, el juez señaló que la Fiscalía ni siquiera había podido probar la existencia de Guerreros Unidos. Menos aún para probar la pertenencia de Casarrubias al grupo.
Con Abarca la situación era idéntica. Esposo de María de los Ángeles Pineda, familiar de varios integrantes del grupo delictivo, el exalcalde de Iguala ha sido acusado por miembros de Guerreros Unidos de ser parte de la trama criminal en Iguala. Ante el juez, sin embargo, los fiscales fallaron. La FGR “intentó probar la existencia de la organización con sentencias dictadas en diferentes procesos”, explicó el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado, tras la absolución de ambos. “Sin embargo, se dio por probada la existencia de varios grupos criminales, como el ‘Cártel de los Beltrán Leyva’ y ‘La Barredora’. De su contenido no se tiene información de que la primera [esto es, Guerreros Unidos] deriva de este último.
Abarca y su esposa protagonizaron una de las primeras detenciones mediáticas del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa. Ya entonces, los investigadores consideraron que el alcalde de Iguala estaba detrás del ataque contra los estudiantes normalistas, de ahí la acusación de secuestro. A lo largo de los años, los investigadores han acumulado nuevas evidencias, algunas controvertidas, como la contenida en el informe presentado por la comisión presidencial en agosto. En el documento se establece: “A1 dio la orden de recuperar la mercadería: ‘me joden a su discreción’. A1, dijo el subsecretario Encinas, es José Luis Abarca. Según el informe, Abarca envió mensajes como el anterior o el segundo: “Mátenlos a todos, Iguala es mía”.
Sin embargo, el grupo de investigadores independientes del caso, encargado a México por la CIDH, el GIEI, ha señalado que parte de las pruebas recabadas estos años por la comisión, en concreto cuatrocientas capturas de pantalla de supuestos mensajes enviados por la red criminal de Iguala, no son verificables. Esto, debido a que la comisión no ha podido comprobar su procedencia. A un año y medio de que finalice el sexenio, se agota el tiempo que tienen los equipos de investigación para cerrar esta y otras etapas de las investigaciones.
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