Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, respondió con determinación a los señalamientos provenientes del gobierno de Estados Unidos respecto al rediseño del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La reubicación de vuelos de carga y la reorganización general del espacio aéreo capitalino han provocado inquietudes en sectores empresariales y gubernamentales del país vecino, que consideran que dichas medidas podrían afectar a compañías extranjeras. Ante esto, Sheinbaum reiteró que el país actúa en el marco de su soberanía y no cederá ante presiones externas.
Durante una conferencia reciente, Sheinbaum afirmó que la saturación del AICM es un problema claro que necesita acciones decididas por parte del Estado mexicano. En este contexto, defendió completamente el traslado de vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), resaltando que es una medida técnica y estratégica. “El AICM no puede continuar funcionando bajo las condiciones actuales. Esta decisión pretende organizar, modernizar y mejorar la seguridad del espacio aéreo mexicano”, aseguró.
La política de redistribución de vuelos fue implementada con el objetivo de despresurizar una terminal aérea que durante años ha operado por encima de su capacidad. Las condiciones de infraestructura, así como las limitaciones geográficas, han obligado al rediseño de rutas y a la transferencia de operaciones, una estrategia que Sheinbaum calificó como necesaria y que será mantenida en su administración.
Desde Estados Unidos, algunas voces han alertado sobre eventuales impactos en compañías estadounidenses dedicadas al transporte aéreo de mercancías, e incluso se ha mencionado que podrían adoptarse acciones diplomáticas o comerciales si la situación no se reconsidera. Sin embargo, Sheinbaum afirmó de manera contundente que México no está infringiendo ningún pacto ni acuerdo internacional y que el rediseño se debe únicamente a prioridades logísticas del país.
No estamos actuando al margen de la ley. Somos un país independiente que toma decisiones basadas en sus propias necesidades. Y aunque estamos dispuestos a dialogar y cooperar, eso no significa que vayamos a aceptar presiones o intimidaciones”, afirmó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo, resaltó las ventajas del AIFA, que cuenta con infraestructura moderna y amplias capacidades para el manejo de carga, además de estar conectado con rutas terrestres estratégicas. En su opinión, este aeropuerto representa una oportunidad para diversificar y mejorar el sistema aeroportuario del país, así como para fomentar un desarrollo más equilibrado del Valle de México y sus alrededores.
Frente a las especulaciones de un eventual impacto negativo en las relaciones bilaterales, Sheinbaum insistió en que la cooperación con Estados Unidos continuará, pero bajo un principio de respeto mutuo. Subrayó que la relación con el vecino del norte debe basarse en el diálogo constructivo y no en medidas unilaterales ni presiones diplomáticas.
Este fenómeno ocurre dentro de un marco más amplio de evaluación del modelo de infraestructura en México. En los últimos años, el gobierno federal ha optado por redistribuir la operación de vuelos a nuevos aeropuertos y por expandir la red nacional de transporte aéreo con el propósito de aliviar las principales terminales del país y crear centros de desarrollo regional.
En el caso del AICM, las acciones recientes incluyen no solo la reducción del número de operaciones por hora, sino también el traslado de vuelos de carga y la inversión en mantenimiento y seguridad. Estas medidas han sido recibidas con opiniones divididas entre sectores logísticos y empresariales, algunos de los cuales piden mayor coordinación con operadores internacionales.
La nueva administración liderada por Sheinbaum desde el 1 de octubre enfrentará el desafío de avanzar en esta reestructuración sin dañar las relaciones internacionales, además de preservar el principio de soberanía nacional. Con su reciente postura, la próxima líder ha dejado claro que no tiene intención de dar marcha atrás en decisiones que juzga cruciales para la nación.